La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a una serie de conferencias organizadas por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, en donde se planteó la necesidad de crear un tribunal especializado en la materia ambiental y fue algo singular, pues en la página de la SEMARNAT se plantea, de igual forma, esa urgente necesidad de crear un órgano jurisdiccional especializados.
Los argumentos son muchos, pero podríamos encuadrarlos de la siguiente manera: la especialización en el Derecho atiende a la evolución del orden jurídico y esto nos han permitido obtener normas, procedimientos y doctrina especializada, donde la demanda cada vez más constante de los operadores jurídicos pertenecientes a determinado foro, es de crear urgentemente Tribunales especializados que cumplan a cabalidad con el principio de impartición de justicia pronta y expedita en la materia que les es propia.
En ese sentido aducen razones muy loables sobre urgencia, especialización y acciones inmediatas en sus materias, llámese propiedad intelectual, responsabilidad de servidores públicos, derecho ambiental y por qué no, competencia económica.
Yo me aparto de esos criterios, pues la práctica federal y local nos ha demostrado que bien podemos valernos de las instituciones jurisdiccionales preexistentes y que han demostrado su compromiso social de impartir justicia. Claro ejemplo de ello es que la respuesta constante del Gobierno a nivel Federal ha sido la creación de Salas Especializadas dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Solución que a mi parecer es muy loable, ya que atiende a cuestiones presupuestarias (pues crear un nuevo Tribunal implica mayor gasto en el erario), multiplicidad de instancias donde el ciudadano común y corriente corre mayor riesgo de perderse entre las diversas jurisdicciones, además, se utiliza la experiencia de los Magistrados, secretarios de acuerdos y demás personal jurisdiccional que si bien no atendía sólo materias ambientales, sí está relacionado con las mismas y tiene una gran experiencia en cuestiones procesales, se permite y fomenta la especialización de esos operadores jurídicos y se atiende a la jerarquía del Tribunal Fiscal que durante más de 70 años ha demostrado ser una institución confiable e imparcial.
